Brasil se prepara para el plan de ahorro más grande de la historia: apuntan a liberar USD 125.000 millones

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Más Brasil y menos Brasilia. Con ese espíritu y un declarado combate a los “privilegios” de quienes manejan la amplia maquinaria estatal del país, el presidente Jair Bolsonaro presentó al Congreso un súper paquete de reformas fiscales y administrativas que contempla recortar la jornada y los salarios de empleados públicos, suspender concursos para ingresar al Estado, prohibir ascensos y hasta extinguir municipios que no generen los recursos para sostenerse.

Además, remitió a la Cámara baja un nuevo proyecto de ley para la privatización de la energética Eletrobras, la mayor generadora de energía de Latinoamérica, con la que el Gobierno espera recaudar unos 16.200 millones de reales (unos 4.050 millones de dólares). Y también mediante un decreto le quito a la Casa de la Moneda el monopolio de la fabricacón de billetes.

La privatización de Eletrobras, que primero debe ser avalada por el Parlamento, sería concluida el año que viene y se enmarca en la agenda de reformas, concesiones y privatizaciones propuestas por el Gobierno de Bolsonaro para reducir al mínimo el tamaño del Estado.

Al detallar las propuestas, presentadas como la mayor reforma del Estado de la historia de Brasil, el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que el gobierno busca crear una cultura de responsabilidad fiscal y un “nuevo pacto federativo”, con la distribución entre estados y municipios en un plazo de 15 años de hasta unos 125.000 millones de dólares recaudados por la creciente producción de petróleo del país.

El paquete, que según Guedes busca cuidar a la “viuda”, como habitualmente se describe en Brasil al Estado acechado por intereses particulares en busca de beneficios, también apunta a prevenir crisis fiscales.

“Nadie proteger a la viuda. La viuda es el Estado federal, es Brasil”; dijo el ministro.

El paquete, cuya presentación provocó preocupación entre empleados estatales y sindicatos, contempla tres propuestas de Enmienda Constitucional (PEC). Una de ellas, diseñada para disparar mecanismos de contención de gastos, es la PEC de Emergencia, que podría autorizar la reducción en hasta un 25% de la jornada laboral y el salario de los empleados públicos en caso de una “emergencia fiscal”.

La propuesta, cuya aprobación se espera para el 2020, también busca liberar recursos presupuestarios actualmente atados a gastos obligatorios que podrían destinarse a proyectos de infraestructura.

Los empleados del Estado en los tres niveles, federal, estadual y municipal, sufrirán ajustes también en el diseño de carreras, limitaciones en la creación de cargos y prohibiciones de crear diferentes tipos de “auxilios” financieros, usados generalmente como complemento salarial.

“Nuestro presidente fue electo diciendo: el dinero tiene que ir a la punta, tiene que ir para donde el pueblo está. Vamos a transferirlo”, dijo Guedes al presentar el “Plan Más Brasil”, asegurando también que el país es una “democracia vibrante” y por lo tanto el Congreso perfeccionará el “bello” paquete de reformas.

Al entregar las propuestas de enmienda al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, Bolsonaro aseguró que la aprobación terminará con la peregrinación permanente hacia Brasilia de alcaldes y gobernadores en busca de dinero.

“Nos gustaría seguir recibiendo la visita de alcaldes y gobernadores, pero sólo a título de visita, no para garantizarse algo presupuestario”, dijo Bolsonaro.

Cláusulas gatillo para suspender la emisión de deuda pública en caso de excesos de gastos, suspensión de subsidios y exenciones fiscales también están contempladas en las propuestas.

La PEC de Fondos Públicos, en tanto, permitiría utilizar recursos sin ejecución para pagar deuda pública. Son fondos que hoy suman más de 50.000 millones de dólares a los que el gobierno podría echarle mano en caso de contar con el visto bueno del Congreso.

Por último, la PEC del Pacto Federativo propone una nueva coparticipación de impuestos con estados y ciudades, que incluye una reformulación en el reparto de los fondos recaudados gracias a la actividad petrolera en la región de aguas ultraprofundas conocida como presal.

La propuesta incluye la extinción de municipios con menos de 5.000 habitantes que recauden menos de 10% de sus gastos y su fusión con distritos vecinos.

A esos planes se sumarán los proyectos de reformas administrativas en los regímenes de estabilidad para los nuevos empleados públicos, evaluaciones de desempeño y el diseño de carreras en el Estado, buscando “reducir privilegios” y cortar gastos de personal.

FUENTE: Clarin.com

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