Lo que no te cuentan: el incendio del Amazonas arrancó por un decreto de Evo Morales

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Con el DS 3973 el gobierno autorizó “quemas controladas” en los departamentos de Santa Cruz y Beni, de acuerdo a reglamentación vigente. Y justifica que esta es una medida “estratégica” para fomentar la producción agrícola y pecuaria.

ANF, 21 de agosto, 2019.- El presidente Evo Morales, promulgó el decreto supremo 3973 el 9 de julio, un mes antes que se descontrolarán los incendios forestales en la Chiquitanía.

La norma dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

Dicho decreto modificó el artículo cinco del DS 26075 del 16 de febrero de 2001 por el cual se determinó que “en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el manejo integral y sustentable de bosques y tierra, conforme a los instrumentos de gestión de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), y sus Planes de Uso de Suelo vigentes (PLUS). 

“En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan”, señala la norma que fue promulgada en Beni y presentada ante la federación de ganaderos.

Los incendios forestales arrasaron a la fecha, casi 500 mil hectáreas de bosques y pastizales en la Chiquitanìa, que cuenta con un bosque seco único en el mundo. La ABT incluso advirtió que 12 comunidades se encuentran en peligro. 

El decreto delega al Ministro de Estado en el Despacho de Medio Ambiente y Agua, como encargado de la ejecución y cumplimiento de la norma.

Dicho decreto justifica que, ante el crecimiento poblacional, el incremento de la demanda interna y externa de alimentos; así como los indicadores de consumo de la población, hace necesario asumir medidas estratégicas.

Las “medidas estratégicas” según dicho decreto, pasar por ampliar las superficies para cultivo y producción agrícola y ganadera a través de la apertura de la frontera agropecuaria para el fortalecimiento de la producción de alimentos y la economía nacional con inclusión de las distintas realidades productivas y potencialidades de la economía plural de forma sostenible y sustentable. 

El presidente Morales, durante su conferencia de prensa en Santa Cruz dijo que es importante controlar el chaqueo, pero que son “pequeñas familias” las que chaquean porque de lo contrario no comen.

“¿De qué van a vivir?, es para maíz, media hectárea, es la situación del pequeño productor, una hectárea de arroz para la sobrevivencia, ahora estamos en otros tiempos, hay que adecuar las normas, estamos en la mecanización”, cuestionó.

ABT y el INRA bajo la mira

La fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) responsabilizó a la ABT y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el desastre ambiental ocasionado en los bosques chiquitanos, donde se estima una pérdida de 500 mil hectáreas por los incendios forestales, tras haberse autorizado “quemas controlas” para la agricultura en suelos de vocación forestal.

“Lamentablemente la ABT y el INRA en complicidad de la Gobernación -que no hizo nada ni dijo nada y dejó hacer- han otorgado tierras para la ampliación de la frontera agrícola cuando estos suelos no son aptos para la agricultura, y lo peor es que la ABT otorgó permisos para quemas `controladas`, eso no existe porque la quema es un instrumento totalmente negativo para los suelos”, sostuvo a ANF el director de Probioma, Miguel Crespo.

El investigador dijo que Santa Cruz cuenta desde hace 20 años con un Plan de Uso de Suelos (PLUS) que establece que en la Chiquitanía sus suelos no son de aptitud agrícola, sino forestal y mucho más las zonas de Roboré, Tucavaca, San Matías y San José.  “Ahí está el bosque seco chiquitano, el único bosque de esas características del mundo donde la gente del lugar ha hecho manejo sostenible del bosque”, señaló.

Crespo dijo que al quemar el rastrojo y el barbecho se quema la capa fértil de los suelos que generan la dinámica que permite la siembra de cultivos. 

“Lo que han hecho y quieren seguir haciendo es seguir destruyendo lo poco que queda de esa capa arable; esa región no es apta para la agricultura, hay una doble intencionalidad y es una excusa para ampliar la frontera agrícola para meter la famosa soya transgénica para el biodiesel y otros cultivos que son transgénicos que no benefician en nada, ni siquiera para la alimentación”, sostuvo.

El biólogo dijo que estas 500 mil hectáreas quemadas seguramente serán aprovechadas por quienes han sido beneficiados con la otorgación de tierras al calor político como el caso de la ABT, que ha entregado tierras a los interculturales para la ampliación de la frontera agrícola, sin respetar la vocación forestal.

“Que el Gobierno se dé una vuelta para que vea el desastre natural que han causado y que va a repercutir en los productivo porque no va a llover, habrá sequías, una sequía y vientos huracanaos de hasta 100 kilómetros por hora y plagas como langostas, y seguro los mismos responsables pedirán apoyo económico”, cuestionó.

Lamentó que por cálculos políticos se provoque un daño irreversible al bosque chiquitano, ya que quienes se beneficiarán de haber quemado extensas superficies de árboles serán los aliados del Gobierno como son los interculturales del occidente y los empresarios del agronegocio.

“Es para introducir soya, maíz transgénico, aquí los que se benefician son unos cuantos y los que pagaremos los platos somos 11 millones de habitantes”, dijo.

Probioma calificó al Gobierno de Evo Morales como el mayor destructor de la naturaleza, con tal de beneficiar a grupos de poder vinculados al MAS, como interculturales, cocaleros y agroindustriales.

Ley de desmonte 

El 29 de septiembre de 2015, Evo Morales promulgó la Ley 741 de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, con la cual profundizó el modelo de expansión de la frontera agrícola en detrimento de los bosques.

La norma tuvo como objeto autorizar el desmonte de hasta 20 has en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con resolución de autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.

FUENTE: Servindi.org

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